La más reciente sesión del juicio en la Audiencia Nacional ha arrojado nuevos detalles sobre la polémica de las cuentas de la familia Pujol en Andorra. Joan Pau Miquel, ex consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), negó rotundamente haber revelado información sobre estas cuentas, a pesar de haber enfrentado, según él, presiones por parte de la llamada «policía patriótica». Miquel detalló cómo, en junio de 2024, fue abordado por Celestino Barroso en su despacho. Barroso, inspector agregado de Interior en la embajada española en Andorra, insinuó que, de no colaborar, el banco enfrentaría severas consecuencias. Aunque Miquel grabó estas conversaciones, no denunció inmediatamente la situación, lo que culminó en una serie de reuniones con presuntos miembros de la citada policía, quienes buscaban información sobre cuentas relacionadas con el nacionalismo catalán.
En otro testimonio relevante, Antoni Zorzano, considerado testaferro de Jordi Pujol Ferrusola, confesó haber ingresado dinero en efectivo por solicitud de Pujol, aduciendo que todo fue por amistad y sin recibir compensaciones por ello. Estas declaraciones se suman al complejo caso que involucra a la familia Pujol, acusada de mantener una estructura para el enriquecimiento ilícito durante años, aprovechando su poder político. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que las transacciones millonarias del hijo mayor del expresidente catalán con empresas eran un camuflaje para pagos ilegales de comisiones por obras públicas. Se solicita una condena de nueve años para Jordi Pujol por delitos de blanqueo y asociación ilícita, tras décadas de presunta corrupción que fortaleció el patrimonio familiar.
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