Este miércoles, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y A2030 ha puesto en marcha una nueva medida para fortalecer la seguridad en el ámbito del juego online, obligando a los operadores a verificar que los titulares de las cuentas de juego coincidan con los titulares de los medios de pago utilizados. Esta acción, enmarcada en la disposición final cuarta del Real Decreto 813/2026 y aprobada recientemente en el Consejo de Ministros, busca combatir la creciente problemática de la suplantación de identidad en el sector.
El auge del juego online ha traído consigo un aumento del 12% en las denuncias por suplantación de identidad el año pasado, con un total de 8.675 casos reportados en 2025. Según datos del PACS, la mayoría de estos fraudes se efectúan utilizando tarjetas bancarias y monederos electrónicos, cuyos titulares son difíciles de verificar en tiempo real. Este fenómeno no sólo afecta a individuos aislados, sino que también está vinculado a redes criminales implicadas en actividades de blanqueo de capitales.
La implementación de la nueva normativa procura garantizar un entorno seguro para los usuarios del juego online a nivel estatal, tanto para nuevos jugadores como para quienes ya tienen cuentas registradas. Los operadores de juego disponen de un período transitorio de seis meses para adaptar sus sistemas a los nuevos requerimientos. Durante este tiempo, aunque los jugadores actuales podrán seguir participando en actividades de juego, no podrán retirar sus premios sin la verificación de la coincidencia de titularidad.
Si al finalizar este plazo los operadores no han podido corroborar dicha coincidencia, se verán obligados a resolver unilateralmente los contratos y notificar a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Además, tendrán que devolver los saldos existentes, incluidos los premios no abonados, respetando siempre las regulaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Con la puesta en vigor de esta normativa, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo aspira a reducir las actividades delictivas y asegurar un entorno de juego más seguro y transparente para todos los usuarios.
Fuente: Ministerio de Consumo
