La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el controvertido proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. Esta medida, impulsada vigorosamente por el presidente Javier Milei, se enmarca en un enfoque de mano dura hacia la delincuencia juvenil, algo que el presidente ha promovido desde su campaña electoral. El nuevo Régimen Penal Juvenil recibió 149 votos a favor frente a 100 en contra tras un extenso debate de ocho horas y ahora pasará al Senado para su posible aprobación definitiva. Aunque inicialmente Milei propuso establecer la imputabilidad a partir de los 13 años, las negociaciones con partidos aliados, como el PRO y la UCR, resultaron en la modificación a 14 años. Esta iniciativa se ve como una respuesta al creciente debate público sobre inseguridad, especialmente tras el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, que generó un fuerte clamor social por cambios legales.
Mientras tanto, la reforma enfrenta críticas significativas desde diversos sectores. Los obispos de la Iglesia católica y Unicef han expresado su oposición, argumentando que la medida es más un recurso de oportunismo electoral que una solución efectiva al problema de la delincuencia juvenil. Los críticos destacan que llevar a los jóvenes al sistema penal más temprano no ha demostrado ser eficaz para mejorar la seguridad. Según ellos, las políticas que fomentan la educación, el deporte y la salud mental son más eficaces en la prevención de la delincuencia juvenil. A pesar de esto, encuestas revelan que una mayoría considerable de la población, entre el 60% y el 80%, apoya la iniciativa, reflejando una opinión pública preocupada por los índices de inseguridad, aunque las estadísticas de homicidios en Argentina indican un descenso al nivel más bajo en América Latina y el Caribe.
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