La presidenta ha decidido no asistir a las próximas reuniones convocadas por el Ejecutivo para discutir el nuevo pacto fiscal, al que ha calificado de «letal». Esta decisión llega después de lo que ella describe como «gravísimas acusaciones» por parte del Gobierno, lo cual ha tensado las relaciones entre ambas partes. La mandataria ha expresado su desacuerdo con las medidas fiscales propuestas, argumentando que estas tendrán un impacto negativo en la economía y la sociedad. Al no querer formar parte de lo que considera una legitimación del acuerdo, ha optado por retirarse del diálogo, subrayando así su disconformidad.
En respuesta, el Gobierno ha lamentado la ausencia de la presidenta, argumentando que su participación es crucial para alcanzar un consenso amplio que beneficie a todos los ciudadanos. Sin embargo, las tensiones parecen aumentar a medida que ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones. Este desacuerdo se produce en un contexto de inestabilidad política y económica, donde la falta de unidad puede complicar aún más la implementación de soluciones efectivas. Por el momento, la postura de la presidenta representa un obstáculo adicional en el camino hacia un pacto fiscal que genere consenso entre las distintas instancias de gobierno.
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