El reciente escándalo en Alicante, donde se destapó la adjudicación irregular de pisos protegidos entre altos cargos del Partido Popular y sus allegados, pone en evidencia la problemática en torno a la privatización de la vivienda pública en algunas comunidades autónomas de España. Particularmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, el proceso de privatización ha permitido a promotores privados, que a menudo reciben ayudas estatales, desarrollar estos proyectos sin un control adecuado. Generalmente, las viviendas de protección oficial (VPO) son propuestas y comercializadas por empresas privadas sin pasar por un registro público de solicitantes, lo que facilita que personas no necesariamente necesitadas accedan a este tipo de viviendas. Esta situación ha sido criticada duramente por diversos sectores, que señalan una falta de transparencia y equidad en la asignación de las viviendas.

A diferencia del modelo de algunas comunidades como el País Vasco, Navarra y Cataluña, donde el acceso a la vivienda protegida se gestiona a través de mecanismos más controlados, las prácticas en comunidades gobernadas por el PP han generado crecientes descalificaciones de viviendas protegidas y una pérdida considerable de suelo público. Eso, además de favorecer la especulación inmobiliaria, ha permitido que el promotor tenga un papel determinante en la asignación de estas viviendas, especialmente en momentos de crisis habitacional. Como reflejo del problema, se ha advertido que en lugares como Madrid, cerca del 90% de las VPO son edificadas por promotoras privadas, lo que provoca una disminución del parque de viviendas accesibles. Esta estrategia de privatización y la falta de un sistema de valoración regulado y transparente contrastan con las políticas más inclusivas de otras regiones, donde se promueve un acceso más equitativo y sostenido a la vivienda pública.

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