La autopista AP-7 en el sur de Cataluña está experimentando un aumento en la cantidad de accidentes y congestiones de tráfico, lo que ha generado un clamor entre alcaldes, empresarios y transportistas para acelerar la construcción de un tercer carril en el tramo del Ebre. La situación se ha visto agravada por la eliminación de los peajes y la prohibición de circulación de camiones en la N-340, lo que ha intensificado el tráfico en la AP-7. En los últimos seis años, los accidentes con víctimas en la provincia de Tarragona se han duplicado, afectando especialmente a las Terres de l’Ebre, una zona clave para el transporte de mercancías en Europa. La Cátedra para el Fomento de la Innovación Empresarial de la URV ha calificado la situación como «crítica», ya que los camiones están implicados en una gran parte de los accidentes.

Para mitigar el problema, el Servei Català de Trànsit ha propuesto reducir la velocidad en un tramo de 30 kilómetros a modo de paliativo inmediato, pero las medidas a largo plazo como la construcción de un tercer carril parecen ser la solución definitiva que muchos exigen. Sin embargo, el Ministerio de Fomento no prevé comenzar las obras hasta 2028, avivando el descontento de los líderes locales y los transportistas, quienes argumentan que la infraestructura es esencial para evitar perjuicios económicos significativos. Alcaldes locales instan al gobierno a actuar con urgencia, mientras que tanto el sector turístico como el industrial temen consecuencias adversas por la ineficacia actual de la autopista, lo que podría dañar la competitividad de las empresas debido a problemas de suministro y entregas retrasadas.

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