El 3 de diciembre, en un movimiento crucial hacia la inclusión laboral, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto con la Confederación Plena Inclusión España, firmó un convenio destinado a garantizar el derecho al empleo de las personas con discapacidad intelectual dentro de la Administración General del Estado. Este acuerdo marca el inicio de un proyecto piloto que utilizará la figura de preparadores laborales como pieza central del proceso.
Las personas con discapacidad intelectual que ingresen a la administración serán apoyadas en todo momento por preparadores laborales. Estos expertos, encargados de asegurar una transición laboral fluida, realizarán funciones de acompañamiento y adaptarán los puestos de trabajo para maximizar el potencial de estos nuevos miembros del equipo. Además, se hará un seguimiento minucioso del grado de satisfacción y adaptación de las personas incorporadas, proporcionando formación continua tanto a ellas como a sus equipos.
Plena Inclusión se ha comprometido a colaborar activamente en este proyecto aportando los preparadores laborales necesarios para la fase piloto, la cual planea integrar y adaptar los puestos de trabajo de 15 personas en los próximos meses. Estas se unirán a las once ya incorporadas en el Ministerio, reflejando el compromiso de reservar anualmente un mínimo del 10% de las plazas para personas con discapacidad, con al menos el 2% destinado a personas con discapacidad intelectual.
El objetivo del proyecto piloto es evaluar la viabilidad y eficacia del modelo de empleo con apoyo para su futura implementación a nivel sectorial dentro de todos los ministerios y organismos. Un informe final recogerá los datos y conclusiones de esta iniciativa, determinando su impacto y efectividad en la inclusión profesional de personas con discapacidad intelectual.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha demostrado liderazgo en este ámbito con la creación de las Unidades de Inclusión. Desde febrero de 2024, estas unidades trabajan para facilitar la adaptación de los puestos y asegurar el cumplimiento de las políticas de inclusión. En colaboración con diversos organismos, estas unidades han logrado avances significativos en el desarrollo de competencias, la promoción de un entorno laboral inclusivo y la mejora de la accesibilidad.
Esta iniciativa no solo busca integrar a personas con discapacidad, sino que también representa un cambio cultural hacia una administración más diversa e inclusiva. Las Unidades de Inclusión sirven de modelo para otras partes de la Administración General del Estado, estableciendo un estándar homogéneo de prácticas inclusivas y asegurando que cada nuevo paso en esta dirección sea firme y sostenible.
Fuente: Ministerio de Consumo
