El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha reavivado su intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe. Esta propuesta, que Petro califica como un llamado al «poder constituyente», surge en respuesta a lo que considera un uso obsoleto de algunas instituciones actuales que, según él, obstruyen las conquistas sociales del país. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció un proyecto de ley para llevar a cabo esta iniciativa que busca reformar la Constitución de 1991, transformando las estructuras institucionales para adaptarlas a las necesidades contemporáneas.

La convocatoria a la constituyente ha generado una fuerte respuesta política y social. Críticos como Sergio Fajardo recuerdan a Petro sus promesas de campaña de no convocar esta figura, mientras otros, como la senadora María Fernanda Cabal, consideran que la propuesta está destinada al fracaso debido a la inviabilidad política y temporal. Aunque históricamente no es la primera vez que se plantea una convocatoria de este tipo, la ejecución requiere una aprobación mayoritaria del Congreso y un respaldo ciudadano significativo, obstáculos que, según analistas, hacen que la iniciativa de Petro enfrente un camino legal y político complicado.

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