

El Gobierno ha implementado una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el objetivo de suavizar el impacto del incremento en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado para 2026. La medida busca prevenir que el aumento salarial, establecido en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, se vea neutralizado por una mayor presión fiscal.
Según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta actualización permitirá adaptar el sistema tributario al nuevo SMI y garantizará que quienes perciban estas rentas no tengan que pagar IRPF adicional. La deducción, que ha generado expectativa entre los contribuyentes, beneficiará aproximadamente a tres millones de personas cuya renta bruta anual no supera los 20.000 euros, con una cuantía máxima de deducción de 591 euros.
El cambio concreto reducirá en 365 euros la cuota del IRPF para quienes ganen en torno al SMI, evitando así que la subida salarial se vea afectada por una mayor carga fiscal. Para un trabajador que perciba el salario mínimo en 2026, esto significa un tipo efectivo en la declaración de la renta cercano al 0%, en comparación con el 2,1% de 2025 en condiciones similares. Para quienes tengan ingresos cercanos a los 20.000 euros, la tributación efectiva se situará en torno al 6%, en lugar del 8,9% que registrarían sin la nueva deducción.
La medida también responde a una problemática conocida como “error de salto”, que puede derivar en una carga fiscal excesiva si pequeños incrementos salariales provocan un aumento en el tipo marginal cercano al 90%, debido a la pérdida de deducciones y exenciones anteriores. La nueva normativa remedia este problema permitiendo una progresión fiscal más suave y justa.
El procedimiento para beneficiarse será sencillo: quienes hayan percibido el salario mínimo en 2026 podrán recuperar, mediante la declaración anual, las retenciones excesivas aplicadas durante el año. La campaña de presentación de declaraciones estará abierta del 8 de abril al 30 de junio del próximo año, y podrá realizarse tanto en línea como de forma presencial en las oficinas habilitadas.
Desde la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, se estima que la deducción tendrá un coste aproximado de 200 millones de euros en 2026. Se prevé que la medida excluirá a pensionistas y desempleados, ya que la deducción está ligada únicamente a rendimientos del trabajo, tal como ocurrió en campañas anteriores. Esto responde a decisiones previamente adoptadas para mantener ciertos niveles de exención, pese a las negociaciones internas que dejaron sin incrementar el mínimo exento en 15.876 euros anuales.
La reestructuración fiscal forma parte de un paquete de medidas orientadas a proteger a los contribuyentes con rentas más modestas, en línea con las sucesivas subidas del SMI desde 2020. La intención del Gobierno es mantener un sistema tributario más equitativo y evitar que pequeños aumentos salariales se traduzcan en una carga impositiva desproporcionada, promoviendo así un mayor beneficio para quienes trabajan y perciben las rentas más bajas.
