El Congreso ha iniciado la tramitación por urgencia del proyecto de ley para reducir el número máximo de alumnos por aula y establecer una normativa homogénea sobre la jornada lectiva del profesorado. En este contexto, ANPE, el sindicato de profesores, ha registrado ante los grupos parlamentarios un paquete de propuestas de enmienda.
Entre las medidas que el sindicato pide incorporar al texto destaca que los alumnos con necesidades educativas especiales cuenten como dos plazas al calcular la ratio máxima por aula. ANPE argumenta que eso permitiría un entorno más personalizado y mejoraría las condiciones de aprendizaje para el conjunto de la clase.
ANPE también exige que la ley fije un calendario explícito para la reducción de ratios, con una fecha límite de implantación total pero con margen para que cada administración educativa ajuste su ritmo. El sindicato advierte de que estas medidas deben ir acompañadas de una dotación adecuada de recursos humanos y mejoras en las condiciones laborales del profesorado.
El debate sobre la calidad de los servicios públicos vinculados a la infancia va más allá de la educación. Iniciativas como la jornada del Día del Niño Hospitalizado en Fuenlabrada y los datos de gasto sanitario público de 101.739 millones en 2024 muestran que la inversión en servicios dirigidos a menores es una prioridad en distintos frentes.
El sindicato nacional de profesores de la enseñanza pública española, uno de los más representativos del colectivo docente.
Que se computen como dos plazas al calcular la ratio máxima de alumnos por aula, para garantizar una atención más personalizada y mejores condiciones para el resto de la clase.
La ley está en tramitación parlamentaria. ANPE pide que se fije un calendario con una fecha límite, aunque con margen para que cada administración ajuste el ritmo de implantación.
Son las horas que el profesorado debe impartir clases. El proyecto de ley busca regular su duración de forma homogénea en todas las comunidades autónomas.
El Gobierno optó por la vía de urgencia para agilizar la aprobación de las medidas que el colectivo docente considera necesarias para mejorar la calidad del sistema educativo público.
