La Junta de Andalucía ha dado un paso importante en su lucha por ampliar el acceso a la vivienda con la aprobación de la nueva Ley de Vivienda en el Parlamento regional. La normativa, cuyo trámite culminó tras meses de trabajo, representa un cambio estratégico en la gestión del parque residencial y pretende abordar de manera integral la persistente crisis habitacional que afecta a la comunidad.
Uno de los aspectos más destacados de la ley es su ambicioso compromiso de impulsar la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años. Estas promociones, que abarcarán tanto la venta como el alquiler, contarán con una serie de instrumentos de apoyo, entre ellos la cesión de suelos públicos, incentivos a promotores y colaboraciones público-privadas. La finalidad es disminuir la escasez de viviendas asequibles, un problema que según datos oficiales, deja a Andalucía con porcentajes de parque público que apenas superan el 25%, muy por debajo del 38% que sería recomendable.
La medida también ha sido respaldada por decretos anteriores, en particular el Decreto ley 1/2025, que facilitó la puesta a disposición de suelo urbanizable para la promoción de viviendas protegidas mediante mecanismos como la precomercialización. La ley actual busca ampliar esa base, creando una bolsa de suelo para vivienda asequible, en colaboración con municipios de más de 100.000 habitantes. Este inventario facilitará que promotores tengan un acceso más transparente y seguro a parcelas públicas y privadas aptas para desarrollo residencial protegido. Además, se contempla la posibilidad de modificar el uso de ciertos terrenos, como edificios de oficinas, inmuebles turísticos o solares, sin necesidad de alterar el planeamiento urbanístico, una medida que podría abrir un amplio catálogo de suelo potencial para viviendas sociales.
En la misma línea, la ley establece áreas prioritarias donde los recursos públicos se concentrarán en acciones específicas: ayudas al alquiler y a la compra, incentivos para la construcción y rehabilitación, así como procedimientos administrativos más ágiles. La intención es intervenir en zonas con alta presión del mercado y mayores dificultades de acceso, aunque aún permanecen sin definir los criterios específicos de delimitación de estos territorios.
El proyecto no solo se centra en la oferta nueva. Incluye también la creación de un inventario único de viviendas públicas, integrando los activos de la Junta, de los ayuntamientos y, en algunos casos, promotores privados en alianza con la administración autonómica. La centralización busca evitar duplicidades, facilitar la planificación y mejorar la gestión del parque residencial, especialmente en municipios donde la demanda supera la oferta.
La ley apuesta además por un marco legislativo más homogéneo y eficiente, derogando varias leyes anteriores que regulaban aspectos fragmentados del derecho a la vivienda. En su lugar, se establecerá un marco común que facilita la actuación coordinada y fomenta la innovación en la construcción, incluyendo la sostenibilidad y la eficiencia energética, a través de la creación de una Comisión Técnica dedicada a la calidad de la vivienda.
Asimismo, la normativa dedica esfuerzos a cuestiones sociales y de convivencia, promoviendo la rehabilitación urbana para evitar la infravivienda y mejorar la habitabilidad en barrios deteriorados. También contempla mecanismos para prevenir el uso indebido del parque residencial, como la okupación y la sobreocupación, con la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y ofertas de asesoramiento para quienes enfrentan procesos de lanzamiento.
El papel del sector privado es considerado fundamental en la ejecución de estos planes: la ley favorece los acuerdos con promotoras, concesiones y fórmulas de colaboración para incrementar la oferta de viviendas asequibles. Los instrumentos diseñados buscan facilitar participación de propietarios y empresas, desde la gestión de la bolsa de suelo hasta incentivos vinculados a la financiación y rehabilitación, en un intento de movilizar todos los recursos disponibles.
En definitiva, la nueva Ley de Vivienda en Andalucía se presenta como un esfuerzo integral y estructurado para revitalizar el mercado residencial, poner fin a la escasez de vivienda protegida y promover un desarrollo urbano más sostenible y equitativo. Su éxito dependerá en buena medida de la capacidad de la administración y del sector privado para materializar estos objetivos en los próximos años.
