El Gobierno ha decidido extender el plazo para que las empresas se adapten al nuevo Reglamento de los Sistemas Informáticos de Facturación (RRSIF) hasta 2027, según lo establece el Real Decreto-ley 15/2025. Esta medida, aprobada el pasado 2 de diciembre, tiene como objetivo facilitar la transición tecnológica y reducir el impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y grandes corporaciones que aún no han implementado los nuevos sistemas de facturación.
Durante este periodo, las empresas tendrán la posibilidad de participar en una fase de pruebas con el sistema VERI*FACTU, el cual no requerirá un compromiso de permanencia. Esto dará la flexibilidad suficiente para que las organizaciones evalúen su viabilidad antes de adoptar definitivamente el sistema en sus operaciones diarias. Además, se permitirá a los usuarios continuar utilizando sus sistemas de facturación actuales hasta que se cumpla la nueva fecha límite de adaptación establecida para el año 2027.
La ampliación del plazo ofrece un respiro a las empresas y autónomos, que desde la aprobación inicial del reglamento han expresado preocupaciones por el tiempo y recursos necesarios para actualizar sus infraestructuras tecnológicas. La decisión ha sido recibida con alivio, ya que varios sectores económicos reclamaban más tiempo para cumplir con las nuevas exigencias sin afectar sus actividades comerciales habituales.
Sin embargo, el aplazamiento no retrasa solo la implementación de nuevas tecnologías, sino también la modernización del tejido empresarial español, un aspecto clave para mejorar la competencia y eficiencia en el mercado global. Organizaciones empresariales destacan la importancia de utilizar estos años adicionales para planificar una transición eficiente, que permita no solo cumplir con las normativas legales sino también capitalizar las ventajas competitivas que la digitalización ofrece.
Con esta medida, el Ejecutivo busca equilibrar el necesario avance hacia la digitalización de las empresas con las posibilidades reales de implementación que muchas organizaciones enfrentan, especialmente aquellas con menos recursos. No obstante, se espera que a medida que se acerque la fecha límite, el ritmo de adaptación aumente significativamente.
Empresas y expertos del sector continúan analizando los detalles específicos del Real Decreto-ley 15/2025, mientras el gobierno asegura que proporcionará el apoyo necesario para que la transición sea lo menos disruptiva posible. La meta sigue siendo la de fortalecer un sistema empresarial modernizado y robusto en un futuro cercano.
