En el transcurso de unas pocas semanas, el Estado español ha sido testigo de la trágica muerte de nueve mujeres, víctimas de la violencia machista. En lo que va del año 2023, el número asciende a 25 mujeres asesinadas, sumando con ello un total de 2,150 víctimas desde que se comenzaron a registrar los casos en 2003. Lejos de ser incidentes aislados, estas muertes son manifestaciones de una violencia estructural que sigue arrebatando vidas, mientras que las medidas actuales no logran detenerla.
Los nombres de las mujeres que han perdido la vida en este corto lapso no deben ser olvidados: Jennifer Sara S. G., de 30 años, en Madrid; Edurne, de 66 años, en Cártama; Dolores, Antonia, y Laura Valentina, todas de Miranda de Ebro; Mercedes, de 64 años, en Pedreña; María Paloma B. S., de 53 años, en Colungo; Silvia, de 40 años, en Zaragoza; y una niña de solo 3 años en Torrevieja. Estos nombres nos recuerdan que la violencia machista adopta múltiples formas y no distingue edad ni relación.
Un caso alarmante en Miranda de Ebro expone la amplitud del problema. Un agresor, con antecedentes de delitos graves contra mujeres, desató un incendio que cortó las vidas de Dolores, Antonia y Laura Valentina. Aunque institucionalmente solo Dolores es reconocida como víctima de feminicidio, para muchos, las tres son víctimas de un mismo terrorismo machista. Este trágico episodio pone de manifiesto las limitaciones en la clasificación y reconocimiento de los feminicidios, un problema que se agrava con la reclasificación tardía de otros casos, como el de María Paloma B. S.
La violencia machista, que sesga la vida no solo de mujeres sino también de menores, como la niña asesinada en Torrevieja, sigue siendo una realidad que va más allá de las cifras. Las definiciones institucionales actuales limitan la visibilidad de casos que deberían ser reconocidos. El enfoque, hasta ahora centrado mayoritariamente en las víctimas, requiere un giro hacia quienes perpetran la violencia y las estructuras que la facilitan.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), se demanda una protección efectiva y especializada para las víctimas, medidas preventivas reales a través de la educación y sensibilización, y la asignación de recursos económicos suficientes y adecuados. Exigen también el cumplimiento efectivo de leyes ya establecidas como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y otras normativas recientes.
La violencia machista, parte de una estructura social dominada por ideologías opresivas, no debe verse como un problema inevitable. La respuesta colectiva, a través de la denuncia y la organización, sigue siendo esencial para combatir este flagelo. La Secretaría de la Mujer de CGT reafirma su compromiso con esta lucha, subrayando la importancia de no permitir que la memoria de estas víctimas se pierda en el olvido y de seguir fortaleciendo la resistencia frente a una violencia que debe ser erradicada.
Fuente: CGT
