La controversia sobre el posible crimen de guerra en el Caribe sigue generando intensos debates en el Congreso estadounidense. La trama gira en torno a un ataque militar del Pentágono en septiembre contra una lancha sospechosa de narcotráfico, donde, tras un primer ataque, se ordenó un segundo que acabó con la vida de los supervivientes. El almirante Frank Bradley ha sido señalado por presuntamente dar la orden, aunque ha negado cualquier instrucción explícita de «matar a todos». Las opiniones de los legisladores varían según su afiliación política: mientras que los demócratas describen las imágenes como perturbadoras y las consideran un abuso de poder, los republicanos defienden la legalidad del operativo, calificándolo de acción militar necesaria. El ataque ha sido vinculado a la Operación «Lanza del Sur», una campaña contra el narcotráfico que ya se ha cobrado múltiples vidas y que despierta dudas sobre su legitimidad legal y moral.

Paralelamente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfrenta críticas por otro escándalo conocido como «Signalgate», relacionado con la seguridad de las comunicaciones militares. Un informe oficial señala que el uso de una red social comercial para compartir información sobre bombardeos en Yemen podría haber comprometido tácticas militares estadounidenses. Aunque no se le acusa de difundir información clasificada, el hecho ha suscitado cuestionamientos sobre la idoneidad de la política de desclasificación de Hegseth. Este incidente provocó la destitución del consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, quien fue responsable de la inclusión accidental de un periodista en un chat confidencial. Tanto el presunto crimen de guerra como los problemas de comunicación ponen al Pentágono bajo un escrutinio minucioso, requiriendo una revisión de sus protocolos y decisiones estratégicas.

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