El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reafirmado la resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 al denegar la petición de medidas cautelares de Airbnb, dejando en pie la millonaria multa impuesta a la plataforma online. De esta manera, Airbnb está obligada a abonar 64.055.311 euros, cantidad establecida en sanción por infracciones en la publicación de anuncios de viviendas turísticas.
La medida fue firmada en diciembre de 2025 por el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, tras constatar que Airbnb había permitido la publicación de más de 65.000 anuncios ilegales en su plataforma. Estos anuncios carecían de licencia oficial, presentaban una licencia incorrecta o no brindaban información adecuada sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
La sanción económica tiene su origen en varias infracciones catalogadas bajo la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). Entre las principales razones, Consumo destacó las prácticas comerciales desleales y la publicación de anuncios engañosos. Por estos conceptos, se impuso una multa de 63.980.311 euros, monto que refleja seis veces el beneficio ilícito calculado que Airbnb habría obtenido durante el tiempo que los anuncios permanecieron activos en la plataforma.
Las sanciones también incluyen multas por incumplir obligaciones contractuales a distancia y por obstrucción a las funciones de supervisión del ministerio, ambas clasificadas como infracciones leves y valoradas en 10.000 euros cada una. Además, se identificó un incumplimiento grave por no atender órdenes provisionales del órgano instructor, sancionado con 55.000 euros.
Ante la imposición de esta sanción, Airbnb buscó amparo judicial solicitando medidas cautelares que suspendieran el pago hasta que se dictara una sentencia definitiva. Sin embargo, la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado esta solicitud, reafirmando la obligación de la compañía de proceder con el abono estipulado.
La compañía tiene aún la opción de presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal, mientras el sector turístico y las plataformas de alojamiento siguen de cerca el desenlace de este caso que podría sentar un precedente importante en la regulación de anuncios y prácticas comerciales en el ámbito digital.
Fuente: Ministerio de Consumo
