La agricultura en España se enfrenta en la actualidad a un escenario de incertidumbre y transformación impulsado por la reciente entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/3012, que establece un marco europeo armonizado para la certificación voluntaria de las absorciones de carbono en suelos agrícolas. Esta regulación busca incentivar la captura de carbono mediante prácticas específicas, pero también genera una serie de desafíos y riesgos para el modelo agrícola tradicional y social del país.
Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), uno de los principales peligros radica en la influencia de actores externos, como fondos de inversión y plataformas privadas, que buscan adquirir tierras rurales para generar ingresos a través de créditos de carbono y ayudas de la Política Agraria Común (PAC). La organización advierte que, en solo dos años, España debe actuar para evitar que estos agentes, muchas veces vinculados a intereses financieros internacionales, se adueñen del capital de sus campos y transformen la tierra en un activo especulativo.
El auge del mercado de créditos de carbono en el sector agrícola ha despertado una creciente presión sobre los precios de la tierra y los alquileres rurales. La monetización de la capacidad de absorción de carbono puede favorecer a grandes explotaciones que, gracias a su dimensión, se benefician de condiciones más favorables y mayores volúmenes de certificación. Mientras tanto, la agricultura familiar, que generalmente opera en explotaciones de aproximadamente 25 hectáreas de superficie agraria útil, se encuentra en una posición sumamente vulnerable. La lentitud en la definición de metodologías específicas de certificación, que se espera se estabilicen entre 2026 y 2028, contribuye a marginar a los pequeños productores y a reforzar la concentración en manos de los grandes.
La falta de mecanismos públicos sólidos y de una regulación clara agrava aún más esta situación. La ausencia de un certificado similar al Label Bas-Carbone francés, junto con una fragmentación administrativa y la presencia de actores no vinculados directamente a la actividad rural, hacen que la tierra agrícola europea quede expuesta a la influencia del capital financiero sin garantías suficientes de transparencia y protección social.
En respuesta a estos riesgos, COAG propone un conjunto de medidas regulatorias que buscan blindar el acceso a la tierra y asegurar que los beneficios del sistema de certificación de carbono lleguen de manera efectiva a los agricultores de perfil profesional y familiar. Entre ellas destaca la necesidad de limitar la certificación de créditos de carbono a agricultores activos o genuinos, evitando que actores no agrícolas puedan acceder a estos beneficios. Asimismo, se sugiere que las actividades relacionadas con el carbono estén estrechamente vinculadas a la producción alimentaria real, evitando que la captación de carbono se realice mediante conversiones o abandono de tierras productivas.
Otra de las propuestas importantes es la implementación de certificaciones colectivas gestionadas por cooperativas y organizaciones agrarias, lo cual facilitaría el acceso de pequeños propietarios y reduciría los costos asociados a auditorías y verificaciones. Además, COAG exige fortalecer los bancos de tierras autonómicos y los registros oficiales para rastrear el impacto en el mercado y evitar movimientos especulativos.
El informe de la organización también señala que, por ahora, el mercado voluntario en España sigue siendo incipiente y fragmentado, pero ya se detecta la presencia de plataformas privadas que comienzan a emitir créditos agrícolas dirigidos a grandes explotaciones de cultivos extensivos, como cereales y girasoles. La tendencia indica que la agricultura familiar, con superficies medias mucho menores, puede quedar desplazada si no se implementan medidas para garantizar un acceso equitativo.
Desde el ámbito de la política pública, COAG reclama una coordinación más efectiva entre las distintas instituciones y la creación de un instrumento público de certificación que garantice trazabilidad y transparencia en favor de los productores locales. La organización también pide que los pagos por resultados climáticos sean considerados como complementarios a los apoyos directos, además de establecer mecanismos para proteger a los agricultores ante eventos climáticos extremos mediante seguros y fondos de garantía.
En definitiva, la entrada en vigor del reglamento europeo para la certificación voluntaria de carbono en suelos agrícolas supone una oportunidad para afrontar los retos del cambio climático y la sostenibilidad, pero también requiere de un marco regulatorio que proteja los intereses de quienes trabajan la tierra con vocación social y productiva. La movilización del sector y la implementación de políticas claras serán clave para evitar que la agricultura española pierda su carácter social y estructural en favor de intereses financieros que, si no se regulan adecuadamente, pueden poner en riesgo la propia viabilidad de las explotaciones familiares y el patrimonio rural del país.
