El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que promete ser un hito en la protección sanitaria de las personas extranjeras en situación irregular en España. A propuesta de los Ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la nueva normativa regula el procedimiento para garantizar el derecho a la salud y la atención médica financiada con fondos públicos a aquellas personas que, encontrándose en España, no cuenten con residencia legal.
Esta iniciativa desarrolla lo previsto en el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo. La medida no solo busca reforzar la seguridad jurídica y la cohesión territorial, sino también asegurar una aplicación uniforme del derecho a la salud en todo el territorio nacional.
El núcleo del nuevo decreto es la creación de un procedimiento común y efectivo para el reconocimiento del derecho a la salud para aquellos extranjeros no registrados ni autorizados como residentes. Con esta regulación se persigue la equidad, procurando evitar desigualdades, controlar mejor las enfermedades desde la atención primaria y utilizar más eficientemente los recursos públicos.
Para simplificar el proceso, se implantará el uso de una declaración responsable por parte de los solicitantes, quienes manifestarán la ausencia de cobertura sanitaria por otras vías. Este documento asegurará que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, puedan comprender y firmar esta declaración en igualdad de condiciones.
La acreditación de la residencia en España también se flexibiliza. Aunque el empadronamiento es preferente, se permitirán otros documentos como certificados de escolarización, informes de servicios sociales o facturas de servicios básicos.
El decreto facilita el acceso inmediato a la asistencia médica al otorgar un documento provisional en el momento de la solicitud, permitiendo el acceso a los servicios sanitarios hasta que se resuelva el expediente. La administración tendrá un plazo de tres meses para responder, tras lo cual, de no haber notificación, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo.
Además, el decreto otorga prioridad a colectivos vulnerables, garantizando el acceso inmediato a la atención sanitaria pública. Entre estos grupos se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género y sexual, y solicitantes de protección internacional o temporal. Las personas en situación de estancia temporal también podrían beneficiarse mediante la obtención de un informe de acreditación de especial vulnerabilidad.
Asimismo, se extiende la protección a los españoles de origen residentes en el extranjero durante sus visitas temporales a España, abarcando también a sus familiares, ampliando así el derecho previamente limitado a pensionistas o trabajadores.
Para asegurar la correcta utilización de los fondos públicos, el decreto establece mecanismos de control sobre las prestaciones recibidas, incluyendo la facturación en casos de resolución denegatoria, y controles sobre la veracidad de las declaraciones responsables.
Finalmente, el texto equipara a los colectivos exentos del pago de medicamentos con aquellos que recibirán productos de ortopedia o prótesis gratuitamente, avanzando así en la equidad del sistema.
Con la implementación de este real decreto, inmediato tras su publicación en el BOE, el Gobierno avanza en la universalización del derecho a la salud, asegurando que sea ejercido en condiciones de igualdad y equidad en toda España.
Fuente: Ministerio de Sanidad
