El Ministerio de Sanidad ha revelado su Informe 2025, que ofrece un análisis exhaustivo sobre la creciente participación del sector privado en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España. Los resultados exhiben una transformación significativa en la que la colaboración privada ha dejado de ser una medida excepcional, convirtiéndose en una parte estructural del sistema.
Desde 2011, el número de hospitales privados integrados en la red pública ha aumentado en un 36,8%, alcanzando los 145 hospitales en 2023. Ahora, estos centros representan el 30,7% del total de hospitales del SNS. En cuanto a las camas operativas y los quirófanos, su proporción perteneciente a centros privados ha crecido al 17,8% y 10,7%, respectivamente, con una concentración notoria en Cataluña y Navarra.
En 2023, una parte considerable de las estancias hospitalarias y altas en centros de gestión privada fue financiada con fondos públicos, destacando que 34,6% de las primeras y 17,6% de las segundas provienen del tesoro estatal. No obstante, el informe subraya que el modelo de colaboración con el sector privado no ha demostrado mejoras tangibles en términos de eficiencia ni de resultados de salud, lo que plantea preocupaciones sobre la creciente desviación de gasto público hacia entidades privadas.
El SNS aún cubre la mayoría de los diagnósticos más comunes y costosos, con hospitales públicos manejando una abrumadora mayoría de los procesos asistenciales más complejos, como trasplantes y tratamientos intensivos, con coberturas superiores al 95%.
El análisis identifica varios riesgos estructurales asociados al modelo mixto de gestión sanitaria. Entre ellos, la fragmentación de la red asistencial y las desigualdades salariales son asuntos destacados. Además, señala la atención más selectiva del sector privado, que favorece casos menos complejos.
Al mismo tiempo, el aseguramiento privado ha mostrado un notable aumento, llegando a coberturas del 32,6% de la población en 2024, un incremento respecto al 17,2% en 2018. Regiones como Extremadura y Ceuta han experimentado los mayores crecimientos. Sin embargo, la preferencia por los servicios públicos sigue predominando, especialmente en atención primaria y servicios de mayor complejidad.
La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador para el aumento en la contratación de seguros privados, motivado por la percepción de saturación del sistema público y los prolongados tiempos de espera. Esto ha dado lugar a un entorno donde el sistema público y el sector privado están cada vez más interconectados, compartiendo funciones y recursos.
Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad enfatiza la necesidad de reforzar la planificación pública, garantizar la equidad territorial y asegurar que toda financiación pública se destine al interés general. El informe concluye con una recomendación firme para reafirmar el control gubernamental sobre las actividades del sector privado financiadas con recursos públicos, promoviendo la gestión pública directa como la opción preferente para asegurar mejores resultados en salud y un óptimo uso de los recursos.
Fuente: Ministerio de Sanidad
