El debate político en Colombia se intensifica tras la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular, a pesar del rechazo del Senado. Según el artículo 104 de la Constitución, dicha decisión requiere del concepto favorable del Senado, que votó en contra tras una maratónica discusión de ocho horas el 13 de mayo. Petro, no obstante, firmó un decreto para llevar a cabo la consulta, argumentando irregularidades en el proceso legislativo que, según él, invalidan el pronunciamiento del Senado. La situación polariza el ambiente político del país, generando preocupaciones sobre posibles tendencias autoritarias y la violación de principios constitucionales establecidos.

La controversia ha llevado al Consejo de Estado a suspender provisionalmente el decreto por presuntas violaciones constitucionales, mientras la Corte Constitucional evalúa el caso. La situación revive el debate sobre los límites del poder presidencial y la importancia de la separación de poderes, con sectores políticos y sociales alertando sobre los peligros de una «democracia plebiscitaria» que podría desbordar los cauces institucionales. En medio de esta tensión, el registrador nacional ha optado por pausar los preparativos de la consulta hasta que las instancias judiciales tomen una decisión definitiva, subrayando la relevancia de la prudencia y el respeto por los procesos legales en la salvaguarda de la democracia colombiana.

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