Abdul, de 76 años, y Zhora, de 72, fueron desahuciados este jueves de su hogar en Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, tras el fin de la moratoria de desahucios para familias vulnerables, recientemente no renovada en el Congreso de los Diputados. La pareja, que vive de dos pensiones que no alcanzan los mil euros, adquirió la vivienda hace dos décadas, pero no logró mantener los pagos y acabó entregándola al BBVA a cambio de un alquiler social que, eventualmente, fue adquirido por el fondo Divarian. Pese a haber pagado puntualmente su renta social, carecen de un contrato renovado desde 2023. La vulnerabilidad de la pareja, acentuada por las condiciones de salud de ambos, con Abdul sufriendo una dolencia en la espalda y Zhora en cuidados paliativos, fue reconocida por el Ayuntamiento de Sant Vicenç, que renovó su informe de vulnerabilidad a finales del año pasado.
El caso, asumido recientemente por Paula Cardona, abogada del despacho Col.lectiu Ronda, no logró posponerse a pesar de la intervención de los servicios sociales y la visible necesidad de la pareja. La abogada argumenta que el fin de la moratoria, junto a las restricciones legales derivadas de leyes nacionales y su interpretación judicial, complicaron el caso, dejando a la pareja sin protección y obligándola a afrontar la incertidumbre sin un lugar seguro para residir. La legislación europea fue citada como un posible recurso, pero dada la falta de incorporación de estas normativas a las leyes locales, la situación permaneció sin solución. La abogada lamenta la falta de opciones legales efectivas y señala que, en circunstancias anteriores, la situación podría haberse detenido, reflejando las limitaciones actuales de la protección social para las familias en riesgo habitacional.
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