El fraude fiscal persiste como uno de los principales desafíos del sistema tributario en España, de acuerdo con los expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE). En este contexto, se han presentado 22 medidas cruciales destinadas a combatir la economía sumergida y a mejorar la eficiencia y transparencia del sistema tributario español.
Estas propuestas incluyen reformas estructurales fundamentales, que van desde garantizar la claridad y estabilidad legislativa hasta simplificar los procesos administrativos y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Una de las recomendaciones más destacadas es la necesidad de mantener una legislación clara y estable para reducir las oportunidades de fraude. Asimismo, se aboga por evitar la inestabilidad normativa que podría disuadir a los inversores, asegurando así la seguridad jurídica frente a cambios legislativos que no deberían afectar retroactivamente a los contribuyentes.
El documento sugiere la simplificación del sistema fiscal para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, además de la resolución rápida de problemas interpretativos que puedan surgir con respecto a la normativa vigente. Otro de los puntos centrales de las recomendaciones pone el foco en la importancia de incentivar el cumplimiento voluntario y cooperativo de las obligaciones fiscales, fomentando una educación tributaria más efectiva y reforzando la cooperación con los asesores fiscales.
Entre las medidas tecnológicas, se incluye el uso de tecnología avanzada e inteligencia artificial para mejorar el análisis de riesgos y la detección de fraude. Del mismo modo, se propone adoptar un enfoque preventivo que apoye a las nuevas empresas en sus responsabilidades fiscales desde el principio de su actividad económica.
En el plano nacional e internacional, se subraya la necesidad de fortalecer la cooperación y promover la transparencia. Se propone establecer criterios claros sobre lo que constituye el fraude fiscal y se discute la introducción de un «derecho al error», que permitiría a los contribuyentes corregir errores sin enfrentar sanciones.
La implementación efectiva de estas propuestas podría representar un avance significativo hacia la creación de un sistema tributario más eficiente, equitativo y transparente en España. Además, estas medidas podrían contribuir a una considerable reducción de la economía sumergida, mejorando así el clima de inversión y promoviendo el crecimiento económico del país. Con estas reformas, España podría forjar un camino hacia un futuro fiscal más robusto y confiable.
