La vicepresidenta segunda del Gobierno ha manifestado la necesidad urgente de intervenir en el mercado inmobiliario para controlar los precios de la vivienda, una medida que busca frenar el aumento desproporcionado de los costes de alquiler y compra en distintas regiones del país. Durante su intervención, destacó que la escalada de precios ha dejado a muchas familias sin acceso a una vivienda digna, asegurando que el control de precios es una medida indispensable para garantizar la estabilidad social y económica. La vicepresidenta hizo hincapié en la responsabilidad del Estado de tomar acciones contundentes para preservar el derecho a la vivienda, insistiendo en que la falta de regulación podría agravar las desigualdades existentes.
Asimismo, subrayó que las comunidades autónomas que no cumplan con la ley estatal vigente no deberían beneficiarse de fondos públicos. Este planteamiento fue presentado como parte de un esfuerzo más amplio para asegurar que las autonomías alineen sus políticas con las normativas nacionales, especialmente en áreas tan críticas como la vivienda. La vicepresidenta calificó la obediencia a la ley estatal como un criterio fundamental para la distribución de los recursos públicos, resaltando que el cumplimiento normativo es una condición indispensable para recibir apoyo financiero. Esta declaración se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno central y varias comunidades autónomas, que han mostrado resistencia a ciertas políticas estatales.
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