La ruptura entre Vox y el Partido Popular (PP) en Baleares ha frustrado la eliminación del requisito del catalán para todos los empleados públicos y la creación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, dos puntos clave del pacto que permitió la investidura de Marga Prohens como presidenta. Santiago Abascal, líder de Vox, había puesto como línea roja la eliminación de la «dictadura lingüística». Tras la ruptura, Prohens anunció que el gobierno balear aplicará exclusivamente la hoja de ruta del PP, dejando sin efecto los 110 puntos acordados con Vox. Mientras tanto, el PP ya había suprimido el requisito del catalán para el personal sanitario debido a la escasez de médicos. La postura oficial del Govern es garantizar que los ciudadanos puedan dirigirse a la administración en español o catalán, sin eliminar completamente la exigencia del catalán para empleos públicos. La oficina de Libertad Lingüística, presupuestada en 750.000 euros, no se había establecido formalmente debido a desacuerdos sobre sus competencias y funcionamiento. Además, la derogación de la Ley de Memoria Histórica, una condición de Vox para apoyar al PP, sigue en trámite sin estar garantizada en el programa electoral de los populares.
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