En una reciente rueda de prensa, Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox, anunció que el partido intensificará su ofensiva legal en el conocido «caso Koldo». Entre las acciones destacadas se incluye una querella contra Francina Armengol, presidenta del Congreso, por alegados contratos irregulares en Islas Baleares durante la pandemia de Covid-19. Este anuncio se produce tras las revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que identifican al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «el 1» en diversos asuntos controvertidos, incluyendo el Delcygate y el rescate de Air Europa. Vox, que participa como acusación popular en estos casos, sostiene que el informe de la UCO prueba la intervención directa en la compra de material sanitario, implicando a Armengol durante su tiempo como presidenta de la comunidad autónoma.
Por su parte, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha demandado la dimisión de Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones, argumentando la necesidad de un cambio de liderazgo en el Gobierno español. En su declaración, Fúster hizo un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas, subrayando la importancia de aliarse con el Partido Popular para lograr la destitución de Sánchez. Esta postura resalta la estrategia de Vox de intensificar su presión política mediante acciones legales y demandas de responsabilidad gubernamental a la luz de las recientes investigaciones y revelaciones.
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