El grupo Vox en la Asamblea de Madrid planea registrar dos enmiendas en el próximo pleno, con el objetivo de combatir la ocupación ilegal de viviendas en la región. La diputada Raquel Barrero ha propuesto la creación de un servicio externo de desokupación y un registro que incluya tanto a okupas como a “inquiokupas”, buscando así la protección de los derechos de los propietarios y evitar la reincidencia en estos delitos. Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, ha señalado que la reforma del Código Penal en 2015 incrementó la inseguridad jurídica para los propietarios, argumentando que la actual Ley de Vivienda ha incrementado los precios y reducido la oferta de viviendas en alquiler. La estrategia de Vox incluye reducir impuestos a la compra de vivienda, prohibir la entrega de inmuebles a okupas y fomentar la construcción de más viviendas públicas y privadas tras liberalizar terrenos no protegidos ambientalmente.
Desde el Gobierno regional, se ha manifestado una postura activa pero crítica respecto a las competencias sobre seguridad del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha reclamado el desbloqueo de la ley “antiokupación”, para agilizar los desalojos en menos de 24 horas, enfatizando que la ocupación ilegal es una violación constante del derecho a la propiedad. En paralelo, la preocupación por el fenómeno ha llevado al Congreso de los Diputados a aprobar una reforma que busca acelerar los desalojos mediante juicios rápidos para casos de usurpación y allanamiento. Aprobada en noviembre de 2024, esta enmienda al Código Penal apunta a resolver estos casos en un plazo de 15 días, frente al promedio actual de 20,5 meses, según el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, queda pendiente una solución para situaciones de inquilinos morosos que no pagan la renta pero permanecen en la propiedad, un problema que sigue desafiando a los propietarios.
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