En los últimos meses, las protestas de las minorías indígenas en Oceanía, que incluyen a los maoríes de Nueva Zelanda y los aborígenes de Australia, han captado la atención global. Estas manifestaciones son una lucha por los derechos fundamentales y la preservación cultural frente a desafíos que amenazan con desmantelar décadas de progreso. En Nueva Zelanda, la legisladora maorí Hana-Rawhiti Maipi-Clarke protagonizó un notable acto de protesta en el Parlamento al realizar una haka tras romper el proyecto de ley que amenaza con reinterpretar el Tratado de Waitangi, el documento fundacional que, aunque prometía igualdad de derechos, ha sido históricamente vulnerado. El creciente poder político de partidos conservadores que buscan «igualdad de derechos» cuestiona disposiciones especiales basadas en origen étnico, generando tensiones y preocupación sobre los logros de las comunidades indígenas.
Por otro lado, en Australia, la falta de un tratado formal y el reconocimiento constitucional de la población indígena han dejado heridas abiertas, exacerbadas por la discriminación y la desposesión histórica. La senadora aborigen Lidia Thorpe personificó esta lucha al interrumpir el Parlamento en protesta contra el rey Carlos III, exigiendo la devolución de tierras y la reivindicación de derechos ancestrales. A pesar de algunos avances en derechos consuetudinarios, las desigualdades persistentes, como se reflejó en el fallido referéndum para dar voz a los indígenas en el Parlamento, subrayan la distancia entre el progreso legal y la justicia social. Las protestas continuas en Oceanía revelan la creciente presión de las comunidades indígenas para lograr un reconocimiento y derechos plenos en sociedades donde su voz aún lucha por ser plenamente escuchada.
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