En un esfuerzo por regular el creciente mercado de alquileres vacacionales, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España ha llegado a un acuerdo con Airbnb para identificar y eliminar anuncios de pisos turísticos que carezcan de un código de registro legal en su plataforma. Durante una reunión en la sede ministerial, Airbnb se comprometió a informar mensualmente sobre los anuncios publicados, a partir de agosto. La plataforma también notificará a los anfitriones con irregularidades, dándoles diez días hábiles para corregir las deficiencias antes de retirar los anuncios, salvo en casos de revocación del número de registro, donde la eliminación será en 48 horas. Además, se implementará un sistema con dos cajetines diferenciados para los registros nacional y autonómico, promoviendo así una mayor transparencia.
Desde la entrada en vigor del registro único de arrendamientos de corta duración el pasado 1 de julio, las solicitudes han alcanzado la cifra de 255,172. De ellas, 118,321 están activas definitivamente, mientras que 102,732 se encuentran pendientes de verificación y 22,368 han sido revocadas. Casi el 80% de las solicitudes son para alquileres turísticos, concentrándose principalmente en Andalucía, Baleares, Canarias, Catalunya y Comunitat Valenciana, que abarcan el 82,53% de las solicitudes totales. Este marco regulatorio responde a la normativa europea que busca regular los arrendamientos de vivienda amueblada a corto plazo, reforzando el compromiso de colaboración entre Airbnb y las autoridades públicas en España.
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