La Universidad de Harvard ha iniciado un enfrentamiento legal contra la administración Trump tras una prohibición que afectaba la matriculación de estudiantes internacionales, esenciales para el 27% de su alumnado. En respuesta, una jueza estadounidense emitió una orden de restricción temporal permitiendo a Harvard retomar los programas de visados afectados. La universidad argumenta que la prohibición se trata de una represalia inconstitucional debido a su resistencia ante las exigencias federales de mayor control sobre su currículo y cuerpo docente. Alan Garber, presidente de Harvard, denunció la medida como parte de un intento de socavar la independencia académica de la institución.
El conflicto no es nuevo, ya que desde abril, la administración había reclamado a Harvard que colaborara con una revisión de sus políticas de financiación y lucha contra el antisemitismo. Además, la Casa Blanca exigió la eliminación de programas de diversidad y supervisión federal en admisiones y contrataciones. Harvard ha rechazado estas demandas, defendiendo su autonomía y principios constitucionales. Aunque la reciente orden judicial ofrece un respiro temporal, el litigio persiste, con ambas partes preparadas para una prolongada batalla legal que podría reconfigurar el papel del gobierno federal en las universidades.
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