En un contexto electoral marcado por una intensa pugna entre el oficialismo y la oposición, México se prepara para enfrentar un proceso político crucial que definirá 17 nuevas gubernaturas, la Cámara de Diputados, más de 1.000 diputaciones locales y 680 presidencias municipales. Los partidos políticos han comenzado a desplegar sus estructuras en una suerte de guerra abierta por el control de las candidaturas, caracterizada por llamados a la unidad, desmentidos sobre rupturas internas y campañas disfrazadas de encuentros con electores. Sin embargo, el impacto del crimen organizado sigue siendo una sombra omnipresente que amenaza con distorsionar el proceso democrático, ejerciendo influencia desde la selección de candidatos hasta el financiamiento de campañas y la manipulación del voto.

La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma electoral que, a pesar de sus intenciones de transparencia y eficacia, ha dejado fuera un aspecto crítico: la creciente interferencia del crimen organizado en la política mexicana. Las elecciones federales de 2024, en las que Sheinbaum fue elegida, fueron consideradas las más violentas de la historia moderna del país, con más de 550 incidentes reportados. Este aumento significativo de la violencia y los asesinatos políticos en años recientes resalta una preocupante escalada que pone en jaque la soberanía del estado. El control que ejercen los grupos criminales sobre el territorio y la economía de diversas regiones amenaza ahora con extenderse al ámbito electoral, un desafío que la reforma actual ha pasado por alto y que exige atención urgente para salvaguardar la integridad del proceso democrático en el país.

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