La situación de las trabajadoras del hogar en España, especialmente aquellas que ejercen labores como internas, sigue marcada por una profunda precariedad y vulnerabilidad. A pesar de los avances en el marco legal para reconocer sus derechos, la realidad en el día a día revela que muchas de estas empleadas enfrentan condiciones laborales insatisfactorias, sumidas en una economía sumergida y con salarios que todavía no alcanzan la cifra del salario mínimo interprofesional establecido en 2025, que es de 1.424,50 euros. Según un análisis reciente de Oxfam Intermón, el sueldo mensual promedio en el sector apenas supera los 1.000 euros, una cantidad que no refleja la carga de trabajo, la responsabilidad ni las obligaciones asumidas por estos trabajadores en los hogares donde laboran.
El sector laboral en el ámbito del cuidado y los servicios domésticos emplea a más de 565.000 personas, en su mayoría mujeres, lo que revela un panorama de desigualdad persistente. Además, alrededor del 32% de estas trabajadoras operan en la economía sumergida, sin la protección de las instituciones, lo que limita en gran medida su acceso a derechos básicos como indemnizaciones por despido, atención médica o la posibilidad de realizar inspecciones laborales en domiciliaciones particulares. La ausencia de regulación formal da lugar a múltiples abusos, incluyendo jornadas laborales excesivas, incumplimiento en los períodos de descanso y la falta de reconocimiento de enfermedades profesionales.
Un aspecto particularmente delicado se presenta en situaciones donde el empleador fallece. Muchas internas se encuentran en un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad, al recibir mensajes informales como “ya no te necesitamos”. La realidad, según explica Víctor Arpa, abogado especializado en derecho laboral, es que, independientemente de la situación administrativa, estas trabajadoras tienen derechos económicos que no deberían ser ignorados. Es común que, tras el fallecimiento del empleador, la familia intente entregar sumas simbólicas o, en algunos casos, ninguna compensación, dejando a la trabajadora en la calle sin reclamar lo que por ley le corresponde.
La ley laboral en España prevé que, en estos casos, las internas tienen derecho a recibir indemnización por despido, así como el pago de salarios pendientes, si estos están por debajo del mínimo legal correspondiente a 2025, además de las pagas extras y vacaciones no disfrutadas. Sin embargo, la desinformación y los prejuicios sobre la irregularidad migratoria llevan a muchas trabajadoras a renunciar a estos derechos, creyendo que la falta de papeles impide cualquier reclamación. Esto resulta en una pérdida económica significativa, que puede ascender a miles de euros en conceptos acumulados de salarios y derechos laborales.
El abogado Arpa insiste en que ninguna condición administrativa puede ser utilizada como excusa para privar a estas trabajadoras de sus derechos. “Aunque no tengas papeles, tienes tus derechos”, afirma, subrayando que la ley ampara a todas las personas que han prestado servicios, sin distinción de su situación migratoria. En ese sentido, recomendar buscar asesoramiento jurídico antes de abandonar el domicilio tras la muerte del empleador es fundamental, para garantizar que se reclamen las cantidades que legítimamente corresponden y evitar que estas se pierdan por desconocimiento o por temor.
La situación de las empleadas internas evidencia una problemática estructural que requiere de una mayor regularización y protección en el sector. La falta de información, los prejuicios sociales y las dificultades administrativas hacen que muchas trabajadoras no puedan acceder a un trato digno, a un salario justo y a condiciones laborales que respeten su integridad. La ley, en su marco actual, reconoce sus derechos, pero la implementación y el conocimiento aún dejan mucho por avanzar, en un sector donde miles de mujeres siguen enfrentando desigualdades que, en muchos casos, se prolongan en el tiempo y se acentúan en momentos de crisis como el fallecimiento del empleador.
