Más de un año después de la devastadora riada del 29 de octubre de 2024 en Valencia, que dejó 229 muertos, la comisión de investigación en el Congreso ha comenzado a escuchar a los familiares de las víctimas. En una atmósfera cargada de dolor y reclamos de justicia, Rosa Álvarez Gil, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, calificó las muertes de «asesinatos» y denunció la mala gestión por parte de las autoridades. Álvarez, quien compartió una conmovedora historia sobre su padre, quien murió ahogado en su hogar durante la inundación, acusó a los responsables de no haber tomado medidas adecuadas y de haber ignorado alertas previas. «La culpa no es del clima, sino de una gestión catastrófica», afirmó durante su testimonio.

La vicepresidenta de la asociación, Carmina Gil, y Ernesto Martínez, otro de los comparecientes, respaldaron las acusaciones de negligencia en la respuesta ante el desastre. Ambos subrayaron que las muertes eran el resultado de una combinación de falta de previsión y descoordinación institucional. Gil demandó responsabilidad, enfatizando que no deseaban compasión, sino medidas que impidan que tragedias similares se repitan. Martínez también exigió justicia, subrayando que los responsables deben rendir cuentas por sus acciones. La incertidumbre y la lucha por la verdad continúan presentes, ya que los familiares buscan no solo recordar a sus seres queridos, sino también generar un cambio en la gestión de emergencias en el futuro.

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