El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha firmado el controvertido convenio propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que permitirá la contratación de 1.091 nuevos profesores universitarios en la Comunidad de Madrid bajo condiciones pactadas con el Ministerio de Educación. Este acuerdo implica un compromiso financiero de 2.000 millones de euros para la comunidad durante los próximos 35 años, lo que ha generado críticas del consejero de Educación, Emilio Viciana. Viciana, quien enfatiza su experiencia como funcionario de carrera, ha tildado el convenio de «imposición» y «chantaje», acusando al gobierno central de querer suprimir la figura del profesor asociado y de aislar a la universidad del ámbito empresarial para volverse dependiente de la ideología y los poderes públicos.
El convenio, firmado en presencia de la ministra de Educación, Diana Morant, y los rectores de las principales universidades madrileñas, fue precedido por días de intensas negociaciones y desacuerdos. La comunidad de Madrid se ha comprometido a financiar 60% de las nuevas plazas (656) durante los primeros seis años con apoyo del gobierno central, y asumirá plenamente los costos a partir del séptimo año con una inversión anual de 17,5 millones de euros a partir de 2025. La firma del acuerdo fue vista como una elección entre «lo malo y lo peor» por parte de la comunidad ante la inflexibilidad del ministerio para modificar el texto original del convenio. La presidenta Ayuso, defendiendo al consejero Viciana, ha subrayado la importancia de proteger la universidad pública sin tintes ideológicos y ha criticado las restricciones impuestas por la LOSU respecto a las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas.
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