El Gobierno mexicano ha dado un golpe contundente contra el tráfico ilegal de combustibles con la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y más de una decena de funcionarios y empresarios. Estas detenciones están vinculadas al descubrimiento de un buque en el puerto de Tampico, que llegó en marzo con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando. Esta operación destaca por la implicación de un alto cargo de la Marina, una institución que generalmente mantiene una reputación intachable en México. Farías Laguna, además, es familiar del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Luján, lo que añade un matiz político al caso.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha comunicado que la investigación destapa una red de complicidades entre comercializadores de hidrocarburos y autoridades portuarias, y enfatizó el compromiso del Gobierno mexicano de combatir la corrupción y la impunidad. Mientras la Secretaría de Marina reafirma su postura de tolerancia cero ante las malas prácticas, el caso evidencia un sofisticado esquema de contrabando que se aprovecha de la corrupción aduanera para evadir impuestos significativos. El Gobierno ha intensificado su lucha contra el «huachicol fiscal», que implica la entrada ilegal de productos al país con documentos falsos para evitar el pago de altas tasas impositivas, destacando los esfuerzos para desmantelar estas prácticas y salvaguardar la integridad económica del país.
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