El juez ha acusado al Ayuntamiento, dirigido por Junts, de incurrir en «discriminación directa por razón de lengua». El caso surge a raíz de quejas presentadas por ciudadanos que denunciaron que la administración local les negaba atención en castellano, presuntamente favoreciendo el uso exclusivo del catalán en sus comunicaciones oficiales. Esta situación ha generado un significativo debate sobre los derechos lingüísticos en Cataluña, destacando tensiones persistentes en torno al uso de ambas lenguas oficiales.
El fallo judicial podría tener importantes repercusiones para el Consistorio y su política lingüística, imponiendo la necesidad de garantizar la igualdad de tratamiento a todos los ciudadanos, independientemente del idioma elegido. Esta decisión subraya el papel de la judicatura en la protección de los derechos fundamentales y reaviva la discusión sobre el equilibrio entre la promoción de la lengua catalana y el respeto por el castellano en las instituciones públicas. Junts aún no ha emitido comentarios sobre posibles planes de apelación o ajuste de sus prácticas lingüísticas.
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