Venezuela ha liberado a dos ciudadanos con doble nacionalidad española y venezolana, detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se acusa de fraude al presidente Nicolás Maduro. Los españoles liberados, cuyas identidades no han sido reveladas, son un joven de 20 años detenido por grabar manifestaciones y una madre de tres hijos, quienes estaban recluidos en la cárcel de Tocorón y el Centro de Formación para Procesadas Femeninas de Las Crisálidas, respectivamente. La liberación forma parte de un paquete de excarcelaciones que incluye a 70 presos políticos, en un contexto de represión que, según la ONG Foro Penal, ha dejado 1.848 detenidos por protestar contra los resultados electorales. La medida llega después de que el fiscal general Tarek William Saab solicitara la revisión de 225 casos, ampliando así la presión para la liberación de prisioneros políticos en el país caribeño.
A pesar del gesto, al menos 15 presos políticos españoles aún permanecen en las cárceles venezolanas. Entre ellos se encuentran José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, acusados de estar vinculados al Centro Nacional de Inteligencia de España y de planificar un atentado contra Maduro. Otros detenidos incluyen a figuras como Jorge Alayeto, un empresario que ha sido torturado, y María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada por ser hermana de un militar acusado de rebeldía. La liberación de estos prisioneros ocurre en un momento de polémica tras la muerte bajo custodia de Jesús Martínez Medina, un activista opositor cuyas condiciones de detención y salud deplorables provocaron indignación y denuncias por abuso y negligencia por parte del régimen. Martínez pertenecía al partido de la líder opositora María Corina Machado, quien ha sostenido que su muerte se debe a las condiciones inhumanas del arresto, subrayando la continua tensión política y social en Venezuela.
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