Edmundo González Urrutia, exiliado en España tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio en Venezuela, sigue en la mira del Gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de su salida pactada del país sudamericano, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha procedido a ratificar ante Interpol una alerta roja solicitando su captura. Esta acción se da en medio de acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición, que presentó pruebas para reclamar la victoria en los comicios supuestamente ganados por González Urrutia. El político se ha manifestado a través de sus redes sociales, acusando al gobierno de ataques sistemáticos para entorpecer sus esfuerzos de visibilizar la situación venezolana en el ámbito internacional. Planea regresar al país el 10 de enero, coincidiendo con el inicio del nuevo mandato presidencial, a pesar de las amenazas de detención por parte de altos funcionarios del régimen chavista.
El proceso de exilio de González Urrutia fue gestado con mediación internacional, concretándose su salida desde la residencia del embajador de España en Caracas. Según el candidato, firmó un acuerdo bajo coacción por parte de dirigentes cercanos a Maduro para reducir su actividad política, un compromiso que ahora parece desafiar. Desde su salida, ha buscado reconocimiento internacional para su reclamo de victoria en las elecciones, recibiendo apoyo de diversos gobiernos. La comunidad internacional observa con expectativa el conflicto venezolano, cuyo desarrollo puede tener repercusiones diplomáticas significativas. En tanto, en Venezuela, la represión contra la oposición continúa, con detenciones masivas y líderes en la clandestinidad, mientras que Diosdado Cabello, un alto funcionario chavista, amenaza públicamente con encarcelar a González Urrutia si intenta reingresar al país.
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