La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, ha aprobado una reforma crucial a la ley de hidrocarburos que abre el sector petrolero a la privatización, siguiendo una transición acelerada solicitada por Estados Unidos. Este cambio legislativo se produce tras los ataques militares del 3 de enero en suelo venezolano y la detención del exlíder Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, resaltó la importancia de este avance para mantener en alto la industria petrolera nacional, mientras se garantiza la soberanía sobre los yacimientos. La reforma facilita la entrada de empresas nacionales y extranjeras en un intento por hacer más competitivo al sector petrolero, que históricamente había estado bajo el control operativo del Estado. Con el fin de atraer nuevas inversiones, el gobierno venezolano ha eliminado restricciones anteriores, permitiendo ahora contratos directos con PDVSA y otorgando amplias exenciones tributarias a los inversores.
En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido la licencia general 46, autorizando transacciones con el gobierno venezolano y PDVSA para el comercio de petróleo, destacando la reapertura de vuelos directos entre ambos países tras más de siete años de restricciones. Esta reactivación del comercio bilateral busca desplazar a actores tradicionales del chavismo como Rusia y China y fomentar las inversiones estadounidenses en Venezuela. Sin embargo, la licencia mantiene prohibiciones para entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. A pesar de la celeridad del proceso y el limitado debate público que tuvo lugar, la reforma ha sido bien recibida por algunos sectores, incluida la oposición internacional, como lo expresó el secretario de Estado Marco Rubio. Esta nueva normativa representa un cambio drástico en la política petrolera de Venezuela, marcando una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Caracas y abriendo un camino para un flujo significativo de capital privado internacional hacia el país sudamericano.
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