A seis meses de la implantación de la nueva tasa de basura en España, aprobada por el Congreso en abril de 2022 para cumplir con una directiva de la Unión Europea, la preocupación entre los ciudadanos y las reacciones de partidos y gobiernos locales van en aumento. La medida obliga a los ayuntamientos a comenzar a cobrar esta tarifa antes del 10 de abril próximo, lo que ha desatado propuestas por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Madrid (Fravm) para mitigar el impacto financiero en las familias de menores ingresos. Entre las soluciones planteadas, destaca la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la implementación de un sistema de cobro progresivo basado en la renta familiar, además de la posibilidad de exenciones totales o parciales para quienes más lo necesiten.
El impacto económico de esta medida es significativo, estimándose un coste adicional de entre 100 y 150 euros anuales por familia. Algunos municipios, como Pozuelo de Alarcón y Valdemoro, ya han aprobado la tasa con estructuras tarifarias basadas en la superficie de las viviendas y el valor catastral de los inmuebles, respectivamente. Aunque estos municipios son dirigidos por el Partido Popular (PP), el cual ha criticado el nuevo tributo como una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez, es importante recordar que esta medida deriva de una directiva europea de larga data. A nivel nacional, aún restan pasos por realizarse, como la aprobación de las ordenanzas fiscales en Madrid, prevista para octubre de 2025. Las propuestas de mitigación, como la tasa turística para cubrir parte de los gastos de gestión de residuos y la igualdad en los impuestos de vertido e incineración, buscan aliviar el golpe económico en los ciudadanos mientras se cumple con las exigencias medioambientales de la Unión Europea.
Leer noticia completa en El Pais.
