Este año, más de 2,5 millones de hogares del centro de Colombia enfrentaron un incremento en la tarifa del gas natural de hasta un 36%, aplicado por Vanti, la principal distribuidora del país. La empresa justificó este aumento por la supuesta necesidad de importar gas, mientras que el Gobierno lo consideró innecesario. En respuesta, el presidente Gustavo Petro ordenó una investigación que llevó a la Superintendencia de Servicios Públicos a exigir a Vanti que ajuste sus tarifas y devuelva lo cobrado indebidamente. La resolución, expedida en mayo, reveló que Vanti contaba con suficiente suministro de gas nacional para satisfacer la demanda, lo que hace que el incremento de tarifas sea injustificado.
Vanti, enfrentando la nueva normativa, rechazó las medidas y planea acciones legales, argumentando violaciones al debido proceso. El problema del alza en tarifas no es solo de Vanti; otras empresas, como Alcanos y Empresas Públicas de Medellín, también han anunciado aumentos en sus tarifas debido a la insuficiente extracción de gas en el país. Mientras Colombia ha tenido que recurrir a importaciones, especialmente en tiempos de sequía para apoyar el sector termoeléctrico, los gremios critican la falta de previsión de las administraciones anteriores y apuntan al actual gobierno por retrasar la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. Se anticipa que 2026 podría ser un año crítico si no se toman medidas para asegurar el suministro.
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