Este sábado, las calles del centro de Valencia se llenaron de manifestantes que exigían el derecho a una vivienda digna, en una marcha organizada por Juntes per l’Habitatge y otros colectivos. Con lemas como «Ni casa sin gente ni gente sin casa», los asistentes denunciaron la inacción de los gobiernos estatal, autonómico y local, así como la urgencia de prorrogar el Escudo Social, que expira el 31 de diciembre. De no extenderse, 60,000 familias en todo el país, de las cuales 5,000 son de la Comunidad Valenciana y cerca de 900 de Valencia capital, se enfrentarán al riesgo de desahucio a partir del 1 de enero de 2026.

El portavoz de Juntes per l’Habitatge, Pablo Ramos, destacó el aumento de precios de la vivienda como «impagable e inasumible» y alertó sobre la posibilidad de que el fin del Escudo Social derive en una crisis habitacional grave. En el manifiesto leído al final de la manifestación, se subrayó la «gravísima» situación del acceso a la vivienda y se exigieron medidas concretas y un Plan de Choque que abordara el problema desde sus raíces. Los convocadores hicieron un llamado a las administraciones para que trabajen en conjunto y recuerdan que la defensa del acceso a una vivienda digna es una necesidad colectiva, y no debería depender de condiciones políticas o ideológicas.

Leer noticia completa en 20minutos.