El Ayuntamiento de Valencia, bajo la dirección de María José Catalá (PP) y en coalición con Vox, ha anunciado que la nueva Ordenanza de Convivencia incluirá multas para los consumidores de servicios sexuales, conocidos coloquialmente como «puteros». El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, abordó esta medida en respuesta a las quejas vecinales sobre el aumento de la explotación sexual en la zona urbana de la ciudad. Aseguró que el consistorio ya se encuentra trabajando en esta normativa, que también contará con el respaldo de la Policía Local para su implementación.
Además, Caballero vinculó la lucha contra la prostitución a la situación judicial del exministro José Luis Ábalos, sugiriendo que su encarcelamiento es una medida que contribuiría a combatir este problema en Valencia. En paralelo, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV-PSOE, ha llamado a un «gran pacto» para desarrollar una ordenanza abolicionista que no solo multa a quienes consumen prostitución, sino que también proteja a las mujeres involucradas en esta actividad. Estas iniciativas evidencian un creciente enfoque legislativo sobre la explotación sexual en la ciudad.
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