Valencia, la tercera capital española, ha llegado a finales de 2025 sin una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pese a los objetivos marcados por la Ley de Cambio Climático de 2021 para ciudades que superan los 50,000 habitantes. La propuesta original, que fue considerada «blanda» por la oposición, fue elaborada por la coalición de gobierno del PP y Vox. Sin embargo, fue rechazada en el pleno municipal de octubre cuando Vox retiró su apoyo de última hora, argumentando que la normativa obedecía a «directrices abusivas de Bruselas». A pesar de que la propuesta pretendía limitar progresivamente la circulación de vehículos más contaminantes, las tensiones entre los grupos políticos han llevado al estancamiento del proyecto. La falta de acuerdo pone en riesgo la recepción de ayudas a la movilidad por 115 millones de euros, así como las subvenciones al transporte público, lo que genera críticas tanto de la oposición local como de las asociaciones vecinales.

Desde entonces, el PP ha intentado negociar con la oposición, pero las diferencias sobre la ambición de la ordenanza han dificultado alcanzar un consenso. A pesar de estas dificultades, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, presentó recientemente una opción de adelantar la prohibición de los coches más contaminantes de Valencia al 1 de julio de 2027 y establecer restricciones para otros vehículos si se exceden los límites de contaminación previstos para 2030. No obstante, esta propuesta tampoco logró el respaldo amplio necesario. Críticas han surgido por parte de los grupos opositores, quienes culpan a la alcaldesa María José Catalá y al PP de actuar con irresponsabilidad al entregar la dirección del proyecto a socios con posturas negacionistas. En el pleno municipal, representantes vecinales expresaron su descontento por lo que consideran una medida insuficiente para abordar los problemas de tráfico y contaminación, exigiendo una regulación más rigurosa que responda a las verdaderas necesidades de la ciudad.

Leer noticia completa en El Pais.