El estado de la seguridad pública domina nuevamente la campaña electoral en Uruguay, país que celebrará sus primarias el 30 de junio y donde los homicidios, que aumentaron tras la pandemia hasta 382 en 2023, representan una grave preocupación en una nación de 3,4 millones de habitantes. Con una tasa de 11,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, el país no se encuentra en la peor situación de América Latina, pero sí duplica el promedio mundial y lejos del nivel de Chile. La seguridad pública es la principal preocupación para el 49% de los uruguayos, según la consultora Factum. La violencia homicida, vinculada a mercados ilegales como el de drogas, se ha concentrado en áreas urbanas de alta precariedad socioeconómica, especialmente en Montevideo. Aunque la administración actual ha logrado reducir otros delitos como hurtos y rapiñas, no ha podido controlar los homicidios. La política de seguridad sigue basándose en el control policial y el aumento de penas, una estrategia que, según críticos, debería enfocarse más en la prevención y la integración social.
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