El Defensor del Pueblo ha revelado en su Informe Anual de 2024 la persistencia de significativos retrasos en la valoración de discapacidades en varias comunidades autónomas, siendo algunas demoras superiores a los cuatro años. La entrega del informe, realizada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, destaca el número «muy alto» de quejas recibidas en este ámbito durante el año, superando ampliamente las registradas en periodos anteriores. Frente a esta problemática, la institución decidió abordar una actuación general con las administraciones autonómicas con el fin de cuantificar las demoras, evaluar los recursos disponibles y planificar medidas de choque para mejorar la coordinación y gestión de los expedientes relacionados con el grado de discapacidad.
En otro ámbito, el informe también aborda el incremento de quejas asociadas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), representando un cuarto del total de quejas en política social, con especial incidencia en Canarias y Andalucía. Además, se recalca el interés de las administraciones en mejorar la atención a personas mayores en residencias, promoviendo los postulados de autonomía y dignidad. El Defensor del Pueblo manifiesta preocupación por la restricción de sujeciones mecánicas o farmacológicas, aunque destaca que las comunidades autónomas han reforzado sus servicios de inspección y control de calidad en los últimos años, reflejando un esfuerzo por atender adecuadamente a este sector vulnerable de la población.
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