En el marco del 58º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo celebrado en Nueva York, el Secretario General de las Naciones Unidas ha lanzado un llamado urgente a la acción: los Estados deben aumentar drásticamente la financiación pública destinada a la salud para alcanzar una cobertura universal de servicios esenciales, que abarque desde la atención pediátrica hasta el cuidado de adultos mayores. La necesidad de este incremento se centra en garantizar que incluso los países más pobres puedan proporcionar una atención médica integral y de calidad a sus ciudadanos.
El informe resalta que, aunque ha habido avances significativos desde el año 2000, como el aumento de la esperanza de vida en África y Asia Meridional y una notable reducción en los casos de VIH y mortalidad infantil, las últimas décadas han evidenciado importantes retos. Entre esas preocupaciones se encuentran el estancamiento de la mortalidad materna y el aumento de enfermedades como la obesidad, la diabetes y trastornos mentales. Asimismo, la cobertura sanitaria universal y las desigualdades en el acceso a la salud han mostrado un preocupante estancamiento, que se traduce en un gasto sanitario catastrófico para muchas familias en el mundo.
La pandemia de COVID-19 expuso de manera crítica la fragilidad de los sistemas de salud globales, con una morbilidad y mortalidad innecesaria señaladas en diversos sectores de la población como consecuencia de una inversión insuficiente. Frente a esto, el Secretario General enfatiza la urgencia de que los gobiernos incrementen las asignaciones públicas en salud, al tiempo que subraya la importancia de contratar y retener a profesionales de salud capacitados, ofreciendo salarios competitivos. El panorama actual indica que un escaso 47% del personal de salud global atiende a tan solo el 22% de la población mundial, una disparidad que se debe abordar de inmediato.
El informe sugiere también potenciar el número de comadronas para fortalecer la atención materna e infantil, y asegurar la inclusión de trabajadores especializados en el tratamiento de trastornos mentales. En un esfuerzo por robustecer la respuesta ante emergencias sanitarias, se aboga por la formación de agentes de salud comunitarios y se anima a los gobiernos a impulsar la innovación tecnológica en el sector, con énfasis en la implementación de la telemedicina.
Además, se propone una serie de políticas orientadas a controlar los costos en salud mediante el uso de medicamentos genéricos, la regulación de precios y el fortalecimiento de la eficiencia en las adquisiciones. Estas medidas buscan no solo reducir el desperdicio, sino también prevenir fraudes en un sector que es crucial para el bienestar de las comunidades a nivel global.
El llamado es claro: solo con inversiones sustanciales y estratégicas se podrá construir un sistema de salud robusto y equitativo, capaz de resistir emergencias actuales y futuras, y garantizar así una vida sana y un bienestar integral para toda la población.
