En un contundente llamado a las autoridades israelíes, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, y su homóloga sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, exigieron el pasado jueves el cese inmediato de lo que han descrito como un «flagrante menosprecio del derecho a la salud» en la región de Gaza. Esta demanda surge a raíz de los acontecimientos ocurridos la semana anterior, cuando el hospital Kamal Adwan fue asaltado y su director, Hussam Abu Safiya, fue detenido arbitrariamente.
Según las expertas, la violencia en la Franja de Gaza ha escalado a niveles preocupantes, alcanzando niveles alarmantes de impunidad. Los ataques dirigidos al personal sanitario y la destrucción de infraestructuras de salud han sido particularmente perturbadores en el contexto de un conflicto que ya ha perdurado más de un año. A pesar del bombardeo que destruyó el hospital Kamal Adwan, el personal médico continúa su labor, a menudo bajo circunstancias extremas.
La situación del doctor Hussam Abu Safiya simboliza la difícil posición de los trabajadores de la salud en la región. Durante el asalto al hospital, Abu Safiya se negó a abandonar a sus pacientes y fue secuestrado por las fuerzas de ocupación. El trágico asesinato de su hijo, presenciado por él mismo, y sus propias heridas, subrayan el profundo costo humano de esta crisis. Desde que comenzó el conflicto, más de 1,057 profesionales médicos palestinos han perdido la vida y muchos otros han sido detenidos sin una justificación adecuada.
Las relatoras advierten que estos actos podrían ser considerados crímenes de guerra, instando a las autoridades israelíes a priorizar la protección del derecho a la vida y a la salud en la región. Además, recalcan la imperiosa necesidad de restaurar la continuidad de la atención médica en Gaza, que actualmente se enfrenta a enormes desafíos, como ser el lugar con el mayor número de niños amputados en la historia moderna.
La situación es desesperante, ejemplificada por el caso de un niño de siete años que quedó paralizado tras un impacto de bala. Este hecho resalta la urgente necesidad de un acceso sin restricciones a los servicios médicos. Mofokeng y Albanese esperan que tales acciones persuadan a las partes involucradas a detener los ataques contra el personal sanitario y a liberar a los profesionales detenidos, con la esperanza de que el futuro traiga paz y un renovado respeto por los derechos humanos fundamentales.
