Los promotores inmobiliarios han alzado la voz en contra del marco jurídico actual y la compleja burocracia que enfrentan para obtener licencias de construcción en España, describiéndolas como un «auténtico cuello de botella» que dificulta seriamente el avance del sector. Según denuncian diversas asociaciones del sector, los procedimientos administrativos son tan lentos y engorrosos que proyectos vitales para el desarrollo urbano y económico se ven retrasados indefinidamente. Esto no solo impacta a los desarrolladores, sino también a los compradores potenciales y a la economía en general, que pierde oportunidades de crecimiento y creación de empleo. La situación ha llegado a un punto crítico que exige una urgente revisión de los procesos legales para agilizar los trámites y fomentar una construcción más eficiente y dinámica en el país.
La lentitud en la emisión de licencias no solo afecta el ritmo de los proyectos, sino que encarece los costos, un problema que termina por trasladarse al consumidor final, aumentando los precios de las viviendas. Los promotores solicitan al gobierno y a las instituciones pertinentes una revisión exhaustiva de los procedimientos y leyes vigentes, con el objetivo de eliminar trabas innecesarias y modernizar un sistema que parece obsoleto ante las actuales necesidades del mercado. Aseguran que otros países europeos han logrado implementar reformas exitosas en este ámbito, y sugieren que España podría beneficiarse de modelos que promuevan la digitalización y simplificación de trámites. El sector alerta que, si no se actúa con prontitud, se seguirán acumulando proyectos pendientes que socavarán el crecimiento económico y el acceso a la vivienda.
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