En Madrid, representantes de las universidades públicas han expresado su preocupación al señalar que el presupuesto asignado por el gobierno regional no alcanza las cifras establecidas por la Ley Orgánica. Según afirman, la inversión actual apenas llega al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la normativa legal obliga a que esta cifra alcance al menos el 1%. Esta discrepancia ha generado tensiones entre las instituciones académicas y las autoridades, quienes son presionadas para aumentar el financiamiento y garantizar una educación de calidad para los estudiantes de la región.
Los convocantes han resaltado que la falta de recursos impide a las universidades cumplir con sus objetivos educativos y de investigación. Asimismo, han realizado un llamado a las autoridades para revisar las asignaciones presupuestarias y alinearlas con las exigencias legales, subrayando que el apoyo económico adecuado es fundamental para mantener la competitividad y la innovación en el sistema educativo de Madrid. La situación ha despertado una amplia discusión en torno a las prioridades del gasto público, especialmente en un momento donde la educación es vista como un pilar esencial para el desarrollo económico y social.
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