En un nuevo giro del caso que involucra al rey emérito Juan Carlos I, el sindicato Gestha, que aglutina a los técnicos del Ministerio de Hacienda, ha instado a la Agencia Tributaria a investigar sus actividades económicas. La exigencia surge a partir de informes recientes que aseguran que el monarca ha devuelto a sus amistades los préstamos obtenidos para cubrir las declaraciones complementarias del IRPF entre 2014 y 2018, por un importe de 4.416.757,46 euros.
Según Gestha, dichos préstamos fueron recibidos cuando Juan Carlos I todavía mantenía su residencia fiscal en España, trasladándose a Emiratos Árabes Unidos un año después. Así, el sindicato ha solicitado a la Dirección de la Agencia Tributaria que inicie una inspección antes del 30 de junio, fecha en la que estos asuntos prescribirían. El objetivo es esclarecer las garantías y condiciones de dichos préstamos y verificar si el rey emérito poseía inmuebles, acciones o cuentas en el extranjero en ese periodo.
A partir de la publicación de ‘El Mundo’, Gestha tiene la esperanza de que se pueda determinar con claridad dónde se localiza el principal centro de intereses económicos del monarca. Si se ubicara en España, Juan Carlos I seguiría siendo considerado residente fiscal español, incluso residiendo en Emiratos. Sin embargo, si sus intereses primordiales estuvieran fuera, podría destaparse una irregularidad fiscal por parte del rey, con potenciales implicaciones penales.
El sindicato también ha solicitado que se amplíe la investigación a otras fuentes de ingresos de Juan Carlos I, como los derechos de documentales sobre su vida y la intermediación en operaciones comerciales. La intención es determinar si estas rentas fueron manejadas personalmente o a través de entidades instrumentales, y localizar el origen y destino de los fondos en cuestión.
Además, Gestha advierte sobre la posibilidad de que el rey emérito se convierta en un apátrida fiscal si no se aclara su residencia fiscal. En tal caso, no tributaría ni en España ni en Emiratos Árabes Unidos por sus ingresos globales, lo que constituiría un ejemplo claro de doble no imposición fiscal, un escenario que la Agencia Tributaria debería evitar.
La situación de Juan Carlos I continúa generando controversia y dudas sobre la transparencia y legalidad de sus asuntos económicos, mientras las autoridades fiscales enfrentan la presión de esclarecer estos complejos temas antes de que el tiempo expire.
Fuente: Gestha
