La implementación de una nueva normativa sobre la venta de préstamos impagados en España ha suscitado intensos debates en torno a la protección de los consumidores endeudados, especialmente aquellos considerados vulnerables. Originalmente ideada para asistir a personas en situaciones críticas, la ley ofrecería la posibilidad de negociar planes de reembolso directamente con las entidades bancarias. No obstante, recientes enmiendas han generado preocupación entre expertos y defensores de los derechos de los consumidores, debido a la posible restricción del acceso a estos beneficios mediante una redefinición del concepto de «vulnerabilidad».
Uno de los miedos más destacados es que esta redefinición podría dejar a la mayoría de los consumidores españoles endeudados sin las protecciones necesarias, especialmente si sus deudas son adquiridas por agencias de cobro. La limitación en la conceptualización de «vulnerable» amenaza con convertirse en un obstáculo crítico para quienes más necesitan apoyo.
En este contexto, María Petrache, especialista en la firma Unifye SL, ha llamado la atención sobre un escenario similar reportado en el Reino Unido en 2005. En aquella situación, el término «cliente vulnerable» fue objeto de debate, dado que las entidades financieras optaron por una interpretación restrictiva para reducir el alcance de las ayudas, generando controversia y desprotección.
La actual definición en la economía española considera a un individuo como deudor vulnerable si percibe el Ingreso Mínimo Vital, establecido en 604,21 euros mensuales. Sin embargo, esta medida no contempla otros factores determinantes que impactan la capacidad de pago de las deudas, como los costos de vida en zonas metropolitanas como Madrid y Barcelona. Dicha cifra, insuficiente para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y servicios de salud, podría agravar aún más la situación de los ya endeudados.
Para lograr una definición más justa de lo que significa ser vulnerable, se sugiere considerar ingresos totales, cargas familiares, dependientes económicos y gastos esenciales en salud y educación. Así, la vulnerabilidad debería ser evaluada en función de la capacidad real y las condiciones cotidianas de los deudores.
La normativa en discusión contempla la introducción del Plan de Pago para consumidores vulnerables, una medida que permitiría un reembolso ajustado a sus posibilidades financieras, representando una herramienta esencial para quienes enfrentan mayores dificultades económicas.
Con el texto definitivo de la legislación aún por revelarse, existe una expectativa generalizada por parte de la comunidad, que espera ansiosamente que las regulaciones resultantes cumplan con su propósito inicial de proteger a los más necesitados, garantizando así que el espíritu original de la normativa se mantenga intacto.
